El reclamo por la revisión de la norma sobre la eliminación de grabaciones en los call centers para cierto tipo de operaciones, llegó hasta el Consejo Federal del Trabajo con pedido concreto de convocar al sector empresarial, al sector sindical y a las carteras laborales de las diferentes provincias que puedan ver afectadas sus fuentes laborales para trabajar en conjunto el pedido de reclamo y revisión de la normativa comunicada por la entidad a cargo de Sturzenegger.

La solicitud realizada ante el Ministro de trabajo de la provincia de Córdoba, Omar Sereno para que interceda ante los organismos nacionales intervinientes de manera que se revise y modifique la resolución del BCRA se suma al pedido de audiencia que presentara la Asociación gremial ante el despacho de Triaca la semana pasada.

En pos de la defensa de más de 10.000 puestos de trabajo de la actividad de centros de contacto en el país, la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contacto (ATACC), se mantiene en estado de alerta y movilización en cuanto las medidas que se han anunciado a través de la Comunicación "A" 6145, del 6 de enero pasado que omite y excluye la grabación telefónica de voz como proceso  de control de calidad y defensa del consumidor en las llamadas en las que los centros de contacto ofrecen servicios financieros y de seguros a los consumidores.

La implementación de la medida gubernamental puedan repercutir en la pérdida de un 20 % de puestos laborales en el sector de los Centros de Contacto argentinos, por lo que la entidad gremial solicitó ésta semana audiencia con las autoridades del Ministerio de Trabajo de Córdoba de manera de establecer una agenda de trabajo en común que permita favorecer el desarrollo de la actividad solicitando la rectificación de la normativa al Banco Central de la República Argentina.

Cabe reiterar que la actividad genera a nivel nacional unos 50 mil puestos de trabajo y la aplicación de la norma afectaría especialmente a la provincia de Córdoba donde prestan servicio el 38 % de esos empleados, pero también afectaría gravemente la actividad en otras jurisdicciones como Buenos Aires 27 %, Tucumán 14 %, Chaco 13%, Salta y Mendoza.