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Por Lucio Garzón Maceda*

La central sindical norteamericana Ame­rican Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) –Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales– declaró el viernes 21 de este mes que el mayor fraude del siglo 21 es que los empresarios que ganan millones no puedan pagar salarios dignos a sus trabajadores.

Esta semana, el empresariado argentino pidió una audiencia a la Presidenta de la Nación en igual sintonía.

 En esa reunión, advertiría al Poder Ejecutivo que si las cámaras empresarias debieran pagar los aumentos que los sindicatos reclaman, la actual tasa de empleo nacional correría peligro.

El proceder es una alteración sustancial de las reglas de la negociación colectiva, pues pretende desnivelarla al pedir en su favor la intervención del Gobierno nacional. Sería una presión ilegítima garantizar empleo decente sólo a condición de que les garanticen pagar bajos salarios.

Nos recuerda cuando el filósofo francés Voltaire, en el siglo XVIII, afirmaba que “el jornalero y el artesano fueran reducidos (en sus demandas) a lo indispensable que los haga trabajar...” y que “resulta inevitable que la mayoría sea pobre, sólo es necesario que no sea... miserable”.

Los trabajadores deberían aceptar pagar el ajuste. Para ello, los empleadores buscarían en el Estado, como en el siglo XVIII, el poder coercitivo. Pero no tendrán éxito.

Si no obtienen la benevolencia del Estado, intentarían un plan B: que los sindicatos acepten marginar las convenciones a través de 
un acuerdo interprofesional (a la española), cambiando “efectividades conducentes” (salarios) por bellas palabras (promesas). Tampoco tendrán éxito.

Está en discusión el criterio y el contenido de distribución de ingresos. En el siglo XVIII, se decía algo parecido: “Que los pobres paguen el costo de su pobreza, sin perjudicar las necesidades de la empresa privada”.

Sabemos que el origen de los procederes facciosos ha sido siempre la distribución desigual de la riqueza producida en favor de los (supuestos) derechos absolutos del capital.

Es preciso impedir que la ambición por mantener las ganancias ponga en peligro la base democrática de nuestra sociedad. “A veces la búsqueda de la lógica de la justicia (hace preciso que) se pague un precio demasiado elevado...”, decía, otra vez, Voltaire, y “debe mantenerse la pobreza de la clase baja para que esta sea laboriosa...”, expresaba el economista inglés Arthur Young, en 1771.

El reclamo de los trabajadores es legal y legítimo: se trata de pagar la expropiación perversa de la que han sido y serán víctimas en los meses por venir, por efecto del alza de los precios.

A ello se agrega la licuación de los valores de las asignaciones familiares, la retención por Ganancias y los fondos de los trabajadores adeudados a las obras sociales.

Los trabajadores sólo tienen un único capital, que es la fuerza de trabajo, y no deben ser expropiados. Si lo son, debe haber un pago justo.

No es posible aceptar la continuidad de la devaluación constante. El salario es alimento. El Estado no debe ceder al chantaje. Es inaceptable que se instalen condiciones psicológicas de inestabilidad.

Reflexionemos. Es válida, pues, la consigna que ya han hecho propia los trabajadores cordobeses con resultados interesantes: aumento de salarios ya, sin despidos. Y que la crisis la pague el capital, no el trabajo.